Causa sorpresa que el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) anuncie una serie de sanciones a tres empresas de transportistas del Este por las muertes de once personas el fin de semana, por un tipo de faltas que se hubieran corregido con la intervención que hizo en octubre del año pasado, cuando el accidente en que murieron dos turistas. Si se hubiera actuado en ese momento, no estaríamos lamentando estas nuevas tragedias.
El Intrant informó el lunes que multó a las tres empresas del transporte involucradas en los accidentes, porque ofrecían servicios de transporte privado sin la licencia de operación requerida, cuyos conductores tampoco portaban la licencia correspondiente y, además, no estaban facultados para brindar ese servicio.
Son tres faltas que se podrían considerar muy graves, pero en octubre de 2022, a raíz de la muerte de los turistas, en un accidente que dejó también decenas de lesionados, el Intrant realizó una inspección e inició un proceso de regularización del transporte turístico, y otorgó un plazo de 60 días, con amenazas de hasta paralizar el servicio.
Intimó aquella vez a esas empresas para que regularizaran cuestiones tales como operar sin licencia o sin documentos exigidos, con vehículos que no corresponden a la licencia otorgada, y utilizar licencias de conducir cuyas categorías no se corresponden con el servicio ofrecido.
O sea, el Intrant detectó en octubre faltas similares a las cometidas por las empresas de transporte el pasado sábado.
Se podría argüir que en octubre las advertencias se hicieron a empresas del transporte turístico, y que ahora las involucradas fueron empresas que ofrecían servicios a empleados de la zona hotelera, pero la evidencia demuestra que aquella inspección fue parcial.
Sin tener que esperar a otro accidente, lo que procede es que el Intrant haga una intervención enérgica y masiva y que, además, debido a que en cada uno de los hechos lamentables hubo imprudencias de los conductores, se incorpore a las medidas por adoptar un programa intensivo de educación vial.
El polo turístico de la región Este, el principal del país, tiene en el transporte un componente esencial, por lo que la seguridad de todas las personas que transitan por esas rutas tiene que ser de máxima prioridad para las autoridades, o sea el Intrant. No se puede aceptar que en cada choque la única consecuencia sean sanciones administrativas al amparo de la Ley 63-17.
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